Junio - 2022
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El objetivo de la Unión Europea (UE) de convertirse en el primer continente neutral en materia de emisiones antes de 2050, así como de cumplir con los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo, han llevado a la Comisión Europea (CE) a considerar la integración de la sostenibilidad en el marco legislativo que regula el gobierno corporativo. El motivo es que muchas compañías todavía persisten en lograr objetivos en el corto plazo en detrimento de consideraciones de sostenibilidad y de un desarrollo a largo plazo.

La integración de la sostenibilidad en el gobierno corporativo supone instar a las empresas a que tomen sus decisiones a largo plazo teniendo en cuenta el impacto medioambiental (incluyendo también los aspectos climáticos y de biodiversidad), social, humano y económico en vez de favorecer las ganancias a corto plazo.

Las distintas políticas y planes de acción de la CE insisten en la integración de la sostenibilidad en la gobernanza de las compañías para favorecer la recuperación tras la pandemia de la covid-19 y mejorar su resiliencia, prevención y gestión de riesgos, dependencias y perjuicios, incluidos los acontecidos en la cadena de suministro.

Esta iniciativa, que forma parte del plan de trabajo de la CE para 2021, complementará los objetivos de la Europa Social y la revisión de la Directiva 2014/95/EU de información no financiera, en concreto, la iniciativa establecerá obligaciones de comportamiento que se corresponden con las obligaciones de información sobre dichos comportamientos establecidas en la Directiva. Es más, la información sobre la aplicación de los requisitos de sostenibilidad en la gobernanza de las empresas y sobre el cumplimiento por parte de sus directivos de sus obligaciones permitirá a los distintos grupos de interés hacer un seguimiento lo que, a su vez, hará que las empresas tengan que asumir la responsabilidad respecto de cómo mitigan los impactos adversos sociales y medioambientales.

La iniciativa toma como referencia estándares internacionales como los Guiding Principles on Businesses and Human Rights de Naciones Unidas, las Guidelines for Multinational Enterprises y la Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct de la OCDE.

También considera la iniciativa a las pymes que se han visto especialmente afectadas durante la pandemia por el retraso de los pagos de grandes empresas, lo que subraya la importancia de que los consejos de dirección tengan en cuenta los intereses de los empleados, considerados a lo largo de todo el espectro de la cadena de distribución y suministro, así como de aquellos afectados o involucrados en sus operaciones.



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